Derechos humanos y guerra de desinformación

La ley internacional moderna da gran importancia a la conservación del estado de los estándares de derechos humanos establecidos internacionalmente[1]. De forma tradicional se han prescrito estándares mínimos para la conducta aplicables a conflictos armados[2].

 

Casi inmediatamente después de la toma del poder la revolución comenzó a dirigirse hacia el totalitarismo. Las elecciones prometidas fueron repetidamente pospuestas, y cinco años después del golpe de estado, estaban lejos de la libertad. Los partidos democráticos de oposición no tenían los medios para conducir una elección justa, y cuando Arturo Cruz optú valientemente por participar, se le negó el acceso a los medios y fue apedreado por "turbas" usando las clásicas tácticas de Somoza[3].

 

El Partido Sandinista fue virtualmente fusionado con el Estado y el ejército fue colocado bajo control del Partido[4]. Un aparato de seguridad interna de estilo cubano fue instalado bajo la guía de un antiguo coronel del servicio de inteligencia cubano[5]. Los sindicatos fueron asumidos por el "frente" Sandinista y aquellos que se rehusaron a ser cooptados fueron sistemáticamente acosados y atacados[6].

 

Los Sandinistas confiscaron propiedad de algunas iglesias protestantes, como los Menonitas, la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, los Testigos de Jehová y los Adventistas del Síptimo Día, tras acusarlos de que eran "contra-revolucionarios"[7].

 

La oposición al régimen desde el interior de la Iglesia Catúlica Romana tradicional fue acosada y, como ya se dijo, se alentú una "iglesia del pueblo" en oposición a Roma[8]. El ataque a la iglesia continuó. En septiembre de 1985, a pesar del acuerdo informal de que los seminarios quedaráan exentos de cambios los Sandinistas comenzaron a hacerlos. En septiembre y octubre, el DGSE Sandinista allanó la Radio Catúlica, la estación de radio de la Iglesia, y rehusó permitir programas de servicios litúrgicos realizados por el Cardenal Obando y Bravo.

 

El 12 de octubre, el Ministerio del Interior incautú todas las copias de la primera impresión del diario eclesial "La Iglesia". El 15 de octubre, funcionarios DGSE , dirigidos por el Comandante Lenin Cerna, allanaron la oficina de Servicios Sociales de la Curia. Monse�or Bismarck Carballo, el vocero de Curia y Director de Información eclesiástica, fue sacado a la fuerza y amenazado de muerte[9].

 

Organizaciones masivas de mujeres, juventud y otros grupos estrechamente controlados por los Sandinistas fueron establecidos al estilo del modelo cubano para dominar la infraestructura de la sociedad. Los medios de comunicación fueron tomados por los Sandinistas y el Único periódico independiente que quedó, La Prensa (que se habiáopuesto fuertemente a Somoza) fue censurado a diario[10]. De hecho, poco después de las elecciones de noviembre, Pedro Chamorro, entonces editor de La Prensa, dejó Nicaragua y anunció que �permanecería en exilio voluntario hasta que se garantizara total libertad de prensa�[11].

 

�lvaro Baldiz�n, que fuera investigador en jefe de las presuntas violaciones de derechos humanos para el Ministerio del Interior, desde 1982 hasta julio de 1985, está citado en el Washington Post, diciendo: "El gobierno Sandinista de Nicaragua ha cubierto miles de casos de violaciones de derechos humanos y asesinato"[12].

 

Baldiz�n dijo también que �el Comité de investigaciones especiales (del Ministerio del Interior Únicarag�ense) comenzó operaciones en enero de 1983 y pronto concluy� que el 90% de las denuncias sobre derechos humanos del IAHRC (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) eran correctasí...

 

Organizaciones independientes de derechos humanos en Nicaragua han reportado continuos asesinatos políticos, desapariciones, tortura y un sustancial nómero de prisioneros políticos. En respuesta, los Sandinistas han acosado a esas organizaciones y establecido una comisión controlada por el gobierno para refutar su trabajo y usar los derechos humanos para propósitos de propaganda[13].

 

Las penas criminales para crímenes políticos han sido aplicadas retroactivamente y extendidas a miembros de la familia[14].

 

A los detenidos extranjeros se les negaba acceso a funcionarios consulares como es requerido por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. La emigración fue controlada por nuevas restricciones a los pasaportes. Los indios Miskito, Sumo y Rama de la región atl�ntica fueron reubicados forzadamente sac�ndoles de gran parte de sus tierras tradicionales. En el proceso, muchos fueron asesinados o huyeron del país, más de la mitad de sus villas fueron destruidas y alrededor de un cuarto de los indios restantes fueron enviados a "campos de reubicación" del gobierno[15].

 

Ed�n Pastora contú cómo los Sandinistas dispararon a contras heridos con sus manos atadas detr�s de la espalda en El corozo[16], violando el artículo 3 de la Convención de Ginebra.

 

Todos estos problemas hicieron que los líderes democráticos que inicialmente se alinearon con los Sandinistas en contra de Somoza dejaran el gobierno o incluso el país[17]. Algunos de ellos, como Adolfo Calero, Arturo Cruz, Ed�n Pastora y Alfonso Robelo, buscaron apoyo para la creciente resistencia democrática.

 

El 16 de octubre de 1985, los Sandinistas gobernantes de Nicaragua implementaron formalmente restricciones dramíticas a las restantes libertades civiles, incluyendo el derecho de asamblea, el derecho de viajar dentro de Nicaragua, el derecho de habeas corpus, el derecho a un juicio, el derecho a apelación judicial, el derecho a huelga, el derecho de correspondencia privada y el derecho a formar grupos políticos[18].